El diagnóstico: 450 hectáreas de riesgo ambiental
La provincia alberga al menos 50 basurales clandestinos cerca de áreas urbanas, según datos oficiales citados por la senadora Yamel Ases. Estos sitios —improvisados, sin control y altamente contaminantes— son el blanco de un nuevo proyecto de ley impulsado por la ministra de Ambiente, Jimena Latorre, que busca actualizar la normativa vigente desde 1992.
¿Qué propone la ley?
Consorcios de gestión: Creación de alianzas público-privadas para manejo integral de residuos.
Planes municipales obligatorios: Cada comuna deberá diseñar estrategias locales bajo lineamientos provinciales.
Educación y sanciones:
Campañas de concienciación masiva.
Multas y fiscalización estricta para quienes incumplan.
Economía circular: Incentivos al reciclaje y reutilización para reducir desechos.
"La ley de 1992 fue pionera, pero hoy no contempla variables ni actores actuales", explicó Ases, destacando que el proyecto prioriza soluciones estructurales sobre parches temporales.
El desafío: De la teoría a la acción
El éxito dependerá de:
Coordinación interjurisdiccional (provincia-municipios).
Inversión en infraestructura (plantas de tratamiento, centros de reciclaje).
Participación ciudadana (evitar nuevos vertederos informales).
Una oportunidad para convertir a Mendoza en modelo de gestión sustentable.
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