Desde la ONU hasta referentes internacionales en glaciología alertaron sobre los riesgos de avanzar en una reforma que debilite la Ley de Glaciares. Señalan que los ambientes periglaciales son clave para el sistema hídrico y que su afectación podría impactar el acceso al agua de millones de personas.
La iniciativa propone redefinir el alcance de las áreas protegidas al introducir una distinción entre “áreas periglaciares” y “geoformas periglaciares”. A partir de ese cambio, la inclusión de estos territorios como reservas estratégicas quedará sujeta a estudios técnicos realizados por autoridades ambientales de cada jurisdicción, lo que determinará su incorporación al Inventario Nacional de Glaciares y su correspondiente nivel de protección.
En este contexto, compartimos las palabras de Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que dio su visión sobre este proyecto y asegura que la norma es inconstitucional y traerá problemas a futuro.
Por otro lado, Gabriela González Trilla dijo que la norma actual es clara, que no avanza sobre los derechos de las provincias y que los cuerpos a proteger están delimitados en el Inventario Nacional de Glaciares.
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